Más de 500 personas entre niños y adultos habría sido la cifra que entregaron las autoridades de la ciudad de Zamora, México, sobre quienes fueron rescatados desde el hogar de menores de doña Rosa del Carmen Verduzco Verduzco, más conocida como “Mamá Rosa”. Se ha hablado de las insalubres y paupérrimas condiciones en que vivían los albergados al interior del recinto, además de ser sometidos a tratos similares a la esclavitud y a abusos sexuales.
El orfanato de “Mamá Rosa” era considerado el más grande e importante de México. Numerosas figuras públicas del espectro mexicano e internacional habían elogiado públicamente la labor desempañada por la institución y realizado donaciones para que desarrollara su labor en forma óptima.
Por lo demás, se había ganado el respeto de varios intelectuales por suplir al Estado en la labor de amparar a los seres más desprotegidos de una nación que desde siempre ha enfrentado graves problemas de pobreza.
Y es a raíz de nefastos acontecimientos como éste, cuando surgen voces que critican abiertamente que sea el mundo privado quien se haga cargo de atender las necesidades de quienes difícilmente, por falta de recursos económicos y culturales, no pueden valerse por sí mismos. Porque los privados “son ineficientes” “son corruptos” y al hacerse cargo de estas tareas “desvirtuarán el espíritu de la asistencia pública para terminar satisfaciendo sus propias agendas e intereses”.
Todos estos prejuicios van destinados a la idea de que el Estado y sólo el Estado sea quien asuma la misión de ayuda social a los más pobres.
Sin embargo, difícilmente se puede afirmar que el Estado cumpla a cabalidad y en forma satisfactoria dicho rol, a la luz de numerosos casos en los que siendo el sistema público quien estaba a cargo del auxilio a los desvalidos, éste simplemente no ha dado abasto o se ha dado pie para que se cometan graves vejámenes contra los usuarios del sistema.
Sin ir más lejos, es en nuestro país donde el Servicio Nacional de Menores (Sename) ha sido severamente cuestionado al revelarse en los últimos años las deficiencias con que ha ejecutado sus funciones, descubrimiento que además incluyó el hallazgo de una red de abusos sexuales al interior de los recintos dependientes del servicio, lo que causó el repudio inmediato de la sociedad chilena.
Lamentablemente, las falencias, vicios y perversiones de los seres humanos a cargo de las instituciones estarán siempre presentes, ya sea se trate de entes particulares, como lo es el caso del orfanato de “Mamá Rosa”, o de instituciones públicas, como el Sename de Chile. Pero más allá de distinguir de qué naturaleza es el infractor, una cosa es cierta: en ambos casos es la sociedad civil y sus integrantes quienes están llamados a exigir los estándares de cumplimiento y a denunciar a quienes se extralimiten en sus funciones u omitan gravemente los requerimientos mínimos para que los beneficiarios de la ayuda social satisfagan sus necesidades.
Yasmin Gray, Columnista de Cientochenta y abogada PUC
