Dos duros reveses judiciales ha sufrido el Gobierno Regional del Bío Bío en las últimas semanas. El primero por un informe de la Conadi que reveló que el proyecto MAPA fue aprobado sin consultar a las comunidades indígenas y el segundo por una orden de no innovar que paralizó la adjudicación de la licencia para un casino en Chillán.

Los antecedentes enviados por la Conadi a la Corte de Apelaciones de Concepción, contradiciendo a la Intendencia, ponen en riesgo la inversión de más de 2 mil millones de dólares de la celulosa Arauco en su planta de Horcones, lo cual fue representado por la Intendencia al director regional de la Conadi, Carlos Carvajal.

Al respecto, el senador Víctor Pérez, llamó al intendente Rodrigo Díaz a coordinar el actuar de las distintas reparticiones.

En el casino, la resolución pone en duda la legalidad de la votación del Consejo Regional de Gobierno a favor de la propuesta de Marina del Sol.

Aquí tanto la Alianza y la Nueva Mayoría coinciden que el voto de los consejeros se apegó a la ley, aunque el senador Alejandro Navarro reconoció que hay dudas en la opinión pública.

Fuentes oficialistas han admitido a Radio Bío Bío la posibilidad de que la justicia ordene en definitiva una nueva votación en el Core.