El ministro de Justicia, José Antonio Gómez, advirtió que el cierre del penal Punta Peuco pasará por informes técnicos y no por opiniones que entreguen terceros. En tanto el Gobierno trabaja desde hace semanas en la búsqueda del procedimiento a implementar de cara al cierre del penal que alberga a condenados por violaciones a derechos humanos de la dictadura de Augusto Pinochet.
No es el minuto, advierten en La Moneda, respecto a la decisión que tomó en campaña la ahora presidenta Michelle Bachelet y que ataña al cierre del cuestionado penal de Punta Peuco, donde residen militares condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.
Lo cierto es que una vez que asumió como jefa de Estado, Bachelet pidió que comience hacer evaluada la propuesta, e incluso se habría instruido a organismos gubernamentales iniciar los estudios respectivos de los cuales se habrían entregaron los primeros informes, según fuentes de La Radio.
Pese a esas versiones fuera de micrófono, el ministro de Justicia José Antonio Gómez indicó que aún no tienen documento al respecto.
Eso sí el secretario de Justicia reconoció que los informes serán claves para tomar una decisión respecto al futuro del penal, esto al asegurar que el cierre de la cárcel no pasa por opiniones de terceros. Esto en clara alusión al proyecto de acuerdo que aprobaron 53 diputados esta semana.
Pero lo cierto es que el tema incomoda en el Gobierno, más aún cuando polariza la discusión política de cara a las reformas que se tramitan en el poder Legislativo.
Evidente fue la respuesta del vocero de Gobierno, Álvaro Elizalde, quien se limitó escuetamente en aclarar que no hay nada que anunciar.
Cierre del penal que desde la Corte Suprema su presidente Sergio Muñoz, advirtió que cualquier decisión deberá pasar por instancias penitenciarias.
Fin a Punta Peuco que en los pasillos de La Moneda reconocen es una crónica de una muerte anunciada y que solamente se esperará el minuto exacto para hacer pública la medida, la cual tiene pocos márgenes de retroceder ya que incluso está dentro de los compromisos de campaña y más cuando la administración de centro derecha de Sebastián Piñera dio un paso al terminar con el exclusivo penal Cordillera.
Recordemos que el 14 de junio de 1995 bajo la administración de Eduardo Frei se dictó el decreto que dio el vamos a su construcción, todo para ofrecerles garantías a militares detenidos como el general en retiro Manuel Contreras y el brigadier Pedro Espinoza, condenados por aquel entonces por el asesinato del ex canciller Orlando Letelier.
