Representantes de estudiantes secundarios y de universidades ingresaron este viernes un requerimiento en la Contraloría General de la República acusando un presunto “abandono de deberes” del ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, por supuestamente no fiscalizar planteles que presentarían irregularidades.
A las dependencias de la Contraloría llegaron dirigentes de la Asamblea de Estudiantes Secundarios (ACES) y de las federaciones de alumnos de las universidades de Santiago, Católica del Norte y del Biobío, junto a integrantes del Movimiento de Estudiantes de la Educación Superior Privada (Mesup).
El presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago (Feusach), Takuri Tapia, que ingresó el escrito en la entidad, explicó que quieren que “la Contraloría se pronuncie porque el ministro de Educación no ha fiscalizado a universidades privadas cuestionadas”.
Tapia manifestó que esta presentación en el organismo fiscalizador “es muy similar a la que hicieron otras federaciones en 2013, en ese instante, en base al actuar del ex ministro de Educación (Harald) Beyer”.
El presidente de la Feusach expresó que “lo que se plantea en el escrito al contralor es un requerimiento de fiscalización al actuar del ministro de Educación, que no fiscaliza a las universidades investigadas. Hoy, más allá del juego de luces, que puede ser el proyecto de interventor que se ha propuesto, hoy el ministro sí tiene las herramientas y facultades como para poder dar solución efectiva a los estudiantes de las universidades privadas que han sido cuestionadas. El ministerio de Educación hoy tiene facultades para cerrar e intervenir universidades”.
“Por ejemplo -agregó el dirigente universitario- en la Universidad Arcis los funcionarios están en paro desde hace más de una semana por el no pago de sus sueldos. Esta acción que estamos realizando en la Contraloría es para conocer cuál es el actuar del ministro de acuerdo al organismo contralor”.
Preguntado si está de acuerdo con la figura de interventor para encargarse de irregularidades en las universidades, respondió que “éste solamente regularía más que intervenir la institución o bien estatizarla. Lo que hace el interventor es esperar el momento de crisis de la universidad para poder actuar, y en esa línea lo que nosotros planteamos es que en este momento se requiere una solución al corto plazo y no esperar los proyectos de ley para examinar las universidades privadas y que hoy requieren solución, tales como la Universidad Diego Portales, que hoy se encuentran en movilización por la falta de campos clínicos para sus estudiantes de Medicina. Las universidades tienen que ser investigadas al corto plazo”.
Asimismo, aseguró que “las universidades que están con dificultades y requieren ser averiguadas, aparte de la Universidad Diego Portales por el asunto de los campos clínicos, son la Universidad de Las Américas, Andrés Bello, Iberoamericana, Gabriela Mistral, la Aiep y La República, y en las que se tiene que dar hoy solución efectiva y no dilatando respuestas a sus estudiantes”.
