El pasado martes ingresó al Congreso el proyecto de ley que creará la institucionalidad para un interventor provisional y administrador de cierre, para las instituciones de educación superior que presenten serias irregularidades financieras, administrativas o académicas.

La iniciativa fue presentada por el gobierno con suma urgencia, por lo que el proyecto debe ser conocido y despachado por el parlamento en el plazo de 15 días.

En su comparecencia ante la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, el ministro Nicolás Eyzaguirre, entregó mayores luces de este proyecto, por ejemplo, por qué fue la primera iniciativa de la reforma educacional que se mandó al Congreso.

Si bien la designación del interventor dependerá del nivel de falencias que presente la institución, el ministro Eyzaguirre aseguró que éste llegará con plenos poderes para evitar una eventual fuga de activos.

Pese a este argumento, el proyecto igual deja una laguna de al menos 4 meses, ya que una vez que el ministerio inicie una investigación preliminar para analizar la situación de la institución, ésta tendrá un plazo de 5 días para sus descargos y otros 10 para que se presente las pruebas.

Luego de aquello el Mineduc decidirá si sigue adelante con la indagatoria, entregando recomendaciones, las cuales el plantel deberá implementar en un plazo de 120 días, remitiendo un informe al secretaria de Estado, quien recién ahí determinará si nombra al interventor.

Por otro lado, en relación a este proyecto, el diputado Felipe Kast indicó que la suma urgencia que se le aplicó al proyecto, no les permitirá tramitar una ley a la altura.