El Gobierno decidió desechar la tramitación legislativa de tres proyectos vinculados a educación que habían sido presentados por la administración de Sebastián Piñera. El vocero de La Moneda, Álvaro Elizalde, aseguró que la decisión se debió a que las iniciativas contradicen lo fijado por el programa de Michelle Bachelet. Además se ratificó que la reforma educacional, comprometida en la campaña, será presentada dentro de los 100 primeros días de Gobierno.

Se trata de los proyectos, que presentó el entonces presidente Sebastián Piñera durante los años 2011 y 2012, y que buscaban la creación de una Superintendencia de Educación Superior; establecer el financiamiento a la educación superior, y la creación una Agencia Nacional de Acreditación.

Las iniciativas fuero consideradas en su minuto como emblemáticas por el anterior gobierno, pero ahora, con la llegada de Michelle Bachelet, se decidió suspender o desechar su tramitación legislativa.

Así lo señaló el portavoz de La Moneda, Álvaro Elizalde, quien tras participar del comité político, hizo pública la decisión. A su vez entregó detalles de las razones que llevaron a optar por ese camino, explicando que estas iniciativas “contradicen los principios y pilares de la reforma educacional propuesta por la presidenta Bachelet”, agregando que “establecen estándares regulatorios insuficientes para mejorar la calidad de la educación en nuestro país”.

El vocero añadió que los proyectos “están concebidos bajo esta visión de que la educación es un bien de consumo y no un derecho social”.

Pero el Gobierno aprovechó ese anuncio legislativo para ratificar que el Ministerio de Educación, que dirige Nicolás Eyzaguirre, presentará dentro de los 100 primeros días de gestión, la anunciada reforma educacional. Agenda trazada que obviamente fue apoyada por la totalidad de la Nueva Mayoría.

El presidente del PS, Osvaldo Andrade, aseguró que toda iniciativa que no represente el proyecto de Gobierno de Bachelet, no debería continuar en tramitación.

El timonel del MAS, senador Alejandro Navarro, respaldó la decisión de Bachelet, e instó a La Moneda a entablar una vez que se presente el proyecto de reforma educacional, un diálogo con todos los sectores involucrados, especialmente estudiantes y docentes.

Desde la Democracia Cristiana y el Partido por la Democracia, también respaldaron el anuncio.

Cabe consignar que la noticia dada a conocer estuvo marcada las confusiones, debido a que las palabras del vocero Álvaro Elizalde, se entendieron como el retiro de las iniciativas, algo que según señalaron en La Moneda era el mensaje de fondo, ya que se optó políticamente por eliminar dicha iniciativa.

Historia de los proyectos y sus objetivos:

Superintendencia de Educación Superior: fue presentado el 10 de noviembre 2011 por el entonces secretario de Educación, Felipe Bulnes. La finalidad de ese proyecto era transparentar información, evitar y sancionar los abusos y hacer cumplir la norma que prohíbe el lucro en las universidades. Esas eran tres de las principales tareas que debía realizar la Superintendencia de Educación Superior, cuyo proyecto de ley fue firmado por el Presidente Sebastián Piñera.

Financiamiento Educación Superior: fue presentado el 23 abril 2012, por el ex ministro Harald Beyer. La finalidad era instalar una mayor equidad y calidad en la educación universitaria y en centros de formación técnica. Consiste en cuatro pilares que son: 1. Sistema Integrado de Financiamiento Estudiantil. 2. Mejoras al sistema de becas universitarias. 3. Brecha entre los aranceles de referencia y los aranceles reales. 4. Nueva política de aranceles de referencia centrada en los estudiantes

Agencia Nacional de Acreditación: fue presentada el 21 del 12 del 2012 por el ex ministro Harald Beyer. Consiste en eliminar completamente la Comisión Nacional de Acreditación y pasar a una Agencia Nacional que estará a cargo de la acreditación obligatoria de las instituciones de educación superior.

Además propone reemplazar los 15 miembros que actualmente componen la CNA y que eran designados por las mismas instituciones a acreditar, por un consejo de cinco integrantes, en el cual sólo el presidente (de la comisión) tendría dedicación exclusiva y sería nombrado por el Presidente de la República.