La Junta Internacional de Fiscalización y Estupefacientes (JIFE) criticó el martes las iniciativas de legalización de la marihuana en Uruguay y en los estados norteamericanos de Colorado y Washington, por juzgarlas contrarias a las convenciones internacionales.

La JIFE, un organismo de la ONU con sede en Viena, considera en su informe anual que la legalización del cannabis en Uruguay en 2013 “marca una tendencia peligrosa”.

“La JIFE pone de relieve que la ley aprobada en el Uruguay para legalizar la producción, venta y consumo de cannabis con fines no médicos contraviene lo dispuesto en la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes (…) y recuerda la necesidad de respetar los tratados”, subraya.

Uruguay, de 3,3 millones de habitantes, históricamente pionero en legislación sobre cuestiones sociales, se convirtió en diciembre en el primero del mundo en regular el mercado del cannabis y sus derivados.

La iniciativa, de carácter experimental, busca enfrentar al narcotráfico en una región donde las políticas represivas se revelaron ineficaces y condujeron a baños de sangre y a acrecentar el poder de las mafias.

El jefe de la JIFE, Raymond Yans, ya había criticado la medida uruguaya en diciembre pasado, lo cual le valió una viva réplica del presidente uruguayo José Mujica.

“Dígale a ese viejo que no mienta”, dijo Mujica en un programa de televisión, cuando se le pidió su reacción a las declaraciones de Yans.

“Que no hable para la tribuna (…), “porque [los funcionarios internacionales] están en un puesto de pedestal se creen que pueden decir cualquier bolazo (disparate)”, agregó.

Mujica lamentó igualmente que la JIFE se hubiera abstenido hasta ese momento de criticar la liberalización del mercado del cannabis en los estados norteamericanos de Colorado y Washington.

Colorado y Washington

El informe 2013 de ese organismo de la ONU invalida en todo caso esa crítica.

La JIFE “lamenta profundamente las medidas adoptadas en los estados de Colorado y Washington (…) con respecto a la legalización del uso recreativo del cannabis”, apunta.

El documento recuerda igualmente que esas medidas “contravienen lo dispuesto en los tratados de fiscalización de drogas, que limita el uso de cannabis a fines médicos y científicos”.

Además llama por eso al gobierno federal estadounidense a “anteponer a cualquier otra consideración la salud y el bienestar de la población a largo plazo, en consonancia con el preámbulo de la Convención de 1961″.