En el marco de la tramitación del proyecto de ley que crea una Superintendencia de Educación Superior y con el fin de velar por la obligación legal de “no lucrar”, los senadores Patricio Walker y Camilo Escalona presentaron el proyecto de ley que tipifica como delito, operaciones con personas relacionadas, por parte de los directores, gerentes y administradores de instituciones de enseñanza superior.

El proyecto será analizado por la Comisión de Educación, donde se propone introducir en la legislación, la aplicación de penas presidio menor en su grado medio, multas e inhabilita0ción para que los condenados se desempeñen en el mismo ámbito hasta por 10 años.

Los legisladores indicaron que creen que la sociedad chilena no entiende cómo puede sancionarse penalmente a quien cometa determinado tipo de estafa con hasta 5 años de presidio. “Sin embargo a quienes hemos visto articular, contra el texto expreso de la ley, una serie de operaciones comerciales para lucrar a costa del esfuerzo de miles de familias, no les pasa nada” agregron.

Los congresistas hicieron presente que con esta propuesta están dando una señal clara y potente para el futuro, “en orden a evitar que se siga abusando de los vacíos regulatorios que existen en el ámbito de la educación superior”.

En el texto legal se precisa que durante los últimos años, se ha instalado en el debate público chileno la necesidad de acometer una profunda reforma educacional, que asuma como premisa que la educación constituye un derecho y no un bien de consumo.

Además agregaron que “el proyecto aunque por ahora con muchas deficiencias, se encamina hacia lo que esperamos, una adecuada tipificación de las infracciones de las instituciones de educación superior respecto de operaciones con personas relacionadas que vulneren la obligación legal de no lucrar”.