Una avalancha de críticas se han escuchado en los últimos días, desde que el Ejecutivo anunciara la implementación del Observatorio Judicial, que busca generar un sistema de seguimiento permanente de los fallos de los jueces en materia penal, detallando los argumentos y antecedentes aportados por las policías.
Dichos comentarios, orientados al rechazo de la medida, vinieron en primera instancia por parte de los integrantes de la Corte Suprema, quienes alegaron que se pone en juego la independencia de este poder del Estado. Asimismo la iniciativa fue cuestionada por los miembros de la Asociación de Magistrados y por el Fiscal Nacional Sabas Chahuán, que indicó que incluso podría caer en la ilegalidad.
Sin embargo uno de los puntos centrales de las críticas apuntó al financiamiento que el ministerio de Interior entregaría a la Universidad Adolfo Ibáñez para que desarrollara el proyecto, empezando con un plan piloto.
Fueron estos ‘dardos’ los que impulsaron a la casa de estudios a desmarcarse de La Moneda, anunciando que no utilizará recursos públicos para implementar la iniciativa, pese a que continuará con la confección de un observatorio.
Ante esto la candidata de la Alianza, Evelyn Matthei, volvió a respaldar la creación de un Observatorio Judicial, ya que se enmarca en la lucha contra la delincuencia, lo que se complementa con la Ley Anti Encapuchados y el Control de Identidad.
Mientras tanto la vocera del comando de Michelle Bachelet, Javiera Blanco, calificó como “antojadizas” las medidas en materia de delincuencia respaldadas por Matthei, sobre todo porque -a su juicio- el trasfondo de las iniciativas se relacionan con las promesas no cumplidas por el actual gobierno en estas materias.
El Contralor General de la República, Ramiro Mendoza, sostuvo que la disponibilidad de información es un materia que le corresponde esencialmente a los servicios, entre los que se ha destacado el Poder Judicial, y agregó que a la Contraloría sólo le compete el asunto en materia de recursos públicos que se pueden destinar para la iniciativa.
Finalmente el presidente de la Asociación Nacional de Magistrados, Rodrigo Cerda, señaló que la justicia en Chile cuenta con gran transparencia y que no temen a la fiscalización, asegurando que es histórico que cada cierto tiempo alguien del Ejecutivo e incluso del Parlamento realice “presiones indebidas”.
