El Servicio de Impuestos Internos, mediante una declaración pública, confirmó haber presentado una querella y una denuncia por la devolución fraudulenta de casi 3 mil millones de pesos.

Los funcionarios y fiscalizadores de la institución concordaron en que la falta de recursos podría haber facilitado la burla de los controles tributarios.

La Fiscalía Local de Ñuñoa indaga la posible configuración de delitos tributarios por parte de 122 contribuyentes, quienes, con ayuda del fiscalizador Iván Álvarez, habrían hecho uso malicioso del Fondo de Utilidades Tributables, FUT.

Según informó La Segunda, el funcionario de Impuestos Internos, aprovechándose de las debilidades del sistema informático y de la carencia de fiscalizadores, desarrolló un método para modificar la plataforma de rentas y obtener una validación de devolución de dineros por concepto FUT.

Álvarez y su colaborador, el contador Sergio Díaz, cobraban, supuestamente, el 20% del monto total de la devolución de impuestos con el que beneficiaron, presuntamente, a 122 contribuyentes.

El monto estimado que se habría defraudado asciende a los 2 mil 706 millones de pesos.

Impuestos Internos, luego de presentar una denuncia por presunto fraude tributario, interpuso una querella contra el contador, el funcionario Iván Álvarez y siete contribuyentes.

Carlos Insunza, presidente de la Asociación de Funcionarios del Servicio, le restó importancia al caso, afirmando que la tarea de esta repartición es, junto a la recaudación, la detección de delitos tributarios.

El dirigente sindical sostuvo que la falta de recursos al interior del organismo pueden haber profundizado ciertas carencias en materia de control y fiscalización.

Concordó con esta afirmación Juan Apablaza, presidente de la Asociación de Fiscalizadores del Servicio de Impuestos Internos.

Tanto Apablaza como Carlos Insunza enfatizaron en que los hechos denunciados nunca se van a avalar y recalcaron que la probidad de los funcionarios ha sido reconocida internacionalmente.

En la Fiscalía Local de Ñuñoa evitaron referirse al caso, ya que el persecutor Carlos Gajardo decretó el secreto de la carpeta investigativa luego de incorporar el presunto lavado de activos en la indagatoria.