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Lunes 14 octubre 2013 | 18:00 · Actualizado: 12:58
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Agrupaciones culturales proponen profundos cambios al proyecto que crea Ministerio de Cultura

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Roberto Ampuero Ministro de Cultura | Foto Consejo Nacional de la Cultura y las Artes

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Publicado por Cesar Acosta
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Tras un acucioso estudio, representantes de diversas agrupaciones culturales han emitido una Declaración Pública donde exponen sus críticas y aprensiones al proyecto de ley para crear un Ministerio de la Cultura que se está tramitando en el Congreso.

Organizaciones representadas por el arquitecto Patricio Gross; la ex directora de la DIBAM, Marta Cruz Coke; los presidentes de Chile Sustentable, Sara Larraín; del Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio, Antonio Pirozzi; del Comité de patrimonio del Colegio de Arquitectos, Ana Paz Cárdenas; de la Corporación Isla Grande de Chiloé, Romina Zúñiga; o del Liceo Experimental Artístico Mapocho, Marco Llerena, suscriben este documento. Quienes invitan a otras organizaciones a sumarse a estos planteamientos.

También lo firma María Soledad Manterola, presidenta de la Corporación Cultural Fidel Sepúlveda, destacado académico del Instituto de Estética de la UC. Este maestro, quien dedicó su vida al estudio del patrimonio chileno, entre sus muchas reflexiones sostuvo: “la cultura es el avance de un pueblo a la conquista de su sentido. No hay desarrollo auténtico sin cultura. No hay cultura humana sin humanidades. No hay humanidad efectiva sin identidad. No hay identidad viva sin creatividad. La creatividad se ejerce en múltiples ámbitos, pero despliega su nivel de excelencia en la creación artística y cultural”.

La declaración pública se inspira en los postulados de este académico, pero también en los de UNESCO que define cultura como el “conjunto de rasgos distintivos, espirituales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad (…) además de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias”.

Justamente una de las principales críticas ante el proyecto de ley que envió el Ejecutivo, es que en todo el documento se revela una visión de alta cultura o cultura institucional, entendida como las bellas artes o los bienes culturales oficialmente considerados como tales. La propuesta, por tanto, “contiene un sesgo y error inicial que permea todo el documento, pues asume que la cultura está en un lugar alejado de las comunidades y los ciudadanos y que la misión del Estado es acercarla. Más que “difusión de la cultura” en esos términos la
misión del Ministerio debería ser el “desarrollo cultural del país”.

Otro gran problema es que en este marco, la participación es entendida como “acceso a la cultura” y como “consumo cultural”. “Al respecto, nos parece central entender la “participación cultural” como el reconocimiento de que todos los seres humanos que pertenecemos a una comunidad creamos y reproducimos cultura” -puntualiza la declaración- una concepción que, además, se hace cargo de las crecientes demandas manifestadas por la sociedad chilena.

En esta misma línea, se advierte que la mayoría de los miembros del Consejo Nacional de la Cultura del Patrimonio son designados por el Presidente de la República. Por lo tanto, en esa conformación se deja fuera la participación efectiva de la ciudadanía, lo que se constata más aún en las regiones y a lo que se suma la ausencia total de representantes de las etnias originarias.

En materia de estructura administrativa, la iniciativa legal crea dos nuevos organismos: el Instituto de Fomento de las Artes e Industrias Culturales y la Dirección del Patrimonio Cultural. No obstante, las actuales funciones de la DIBAM difícilmente pueden quedar comprendidas en esta última dirección. En cambio, este documento propone crear tres organismos: de Creación Cultural, del Patrimonio y de Bibliotecas, Archivos y Museos.

Ellos podrían constituirse como Corporaciones, organismos ágiles y mucho más desburocratizados para llevar a cabo sus metas, que concertan al sector privado y a las comunidades, captan recursos de muchas fuentes y actúan tanto a nivel central como regional.

También se postula crear una Dirección de Ciudadanía y Culturas Populares y Tradicionales –una dimensión que no se asume en la visión elitista de cultura y desarrollo- de modo de incorporar a una expresión mayoritaria en el país que genera identidad, diversidad, cohesión y sentido de pertenencia.

Asimismo, se plantea una Dirección de Estudios Culturales que emane información relevante para la generación de políticas públicas y el ámbito académico. E incluso se propone “pensar seriamente en la creación de un Canal público nacional”, que permita difundir la amplia diversidad de expresiones culturales del país.

En lo referido al Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), el proyecto de ley lo sigue vinculando excesivamente al patrimonio tangible, dejando de lado las interrelaciones esenciales con el intangible y con el patrimonio natural. Por lo mismo, la declaración enfatiza que “es urgente crear una Ley de Patrimonio Cultural Nacional que actualice las definiciones de patrimonio cultural, facilitando su identificación y preservación integral y sancionando fuertemente las afectaciones del mismo”. En esta línea se expresa como indispensable hacer una profunda reforma al actual CMN y a su legislación, que permita adaptarlo a las exigencias y definiciones contemporáneas del patrimonio cultural y resguardar su independencia y autonomía, su alta calidad técnica y categoría que requiere y, “en ningún caso, rebajarlo y supeditarlo a la Dirección Ejecutiva de la Dirección de Patrimonio Cultural”.

En síntesis, más allá de la lógica de fondos concursables y de una política que reduce la cultura al patrimonio cultural, sobre todo material, por un lado y a las industrias culturales y el acceso al consumo cultural, por el otro. Se requiere una institucionalidad sólida que establezca una política de desarrollo cultural nacional con un fuerte componente local, respeto a la diversidad cultural, construcción de ciudadanía y compromiso cívico, pertenencia y gobernanza democrática que involucre efectivamente a los pueblos indígenas, a la cultura popular y tradicional, entre otros aspectos fundamentales que la propuesta de ley no considera.

Para leer en su totalidad la declaración pública visita www.corporacionfidelsepulveda.cl

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