Estimados BioBioChile:
Mi nombre es Juan Pablo Gutiérrez Oñate, vivo en Concepción y deseo relatar una experiencia que demuestra cómo el centralismo, la desidia burocrática y la sobrecarga de trabajo del Ministerio Público atentan muchas veces contra una adecuada administración de justicia.
En el año 2011 fui informado por parte de mi padre biológico que un amigo de juventud suyo, había prestado colaboración a la DINA (Dirección Inteligencia Nacional) durante el período de dictadura militar. Con fecha 22 de agosto de 2012 concurrí a la Brigada de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones de Chile en Concepción, con el objeto de efectuar una denuncia por el delito de abuso sexual cometido en contra de una menor de edad, por parte de este mismo amigo de juventud de mi padre biológico.
Adicionalmente, también entregué información en torno a la participación del presunto abusador sexual en violaciones a los derechos humanos, acaecidas durante el período de dictadura militar en la región de Los Lagos, específicamente como infiltrado en centros de detención sonsacando información a detenidos y la colaboración que prestó en la desaparición de cadáveres, tanto en el fundo de Manuel Contreras en Fresia, como en el Lago Llanquihue, entre otros lugares.
Cabe destacar que en la actualidad el presunto abusador figura como beneficiario del programa de Exonerados Políticos, lo cual va en línea con información conocida en los últimos meses de que el Programa de Reparación a Víctimas de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio del Interior, no solamente cuenta con falsos exonerados, sino que además miembros de la DINA y la CNI estarían recibiendo pensiones por una calidad de víctimas que, difícilmente tienen.
Quiero señalar que, a casi un año de la denuncia, no hay una sola indagación en torno a esta arista del caso. Cuando solicité una explicación acerca de la nula actividad investigativa en esta materia, Policía de Investigaciones de Concepción me señala que la Brigada de Derechos Humanos está en Santiago y que debo dirigirme allá, y yo me pregunto: ¿Acaso Chile no es un Estado unitario? ¿Significa lo anterior que para que una investigación en una materia tan sensible avance, quienes vivimos en regiones, tenemos que concurrir a Santiago a realizar la denuncia respectiva? Esto es, cuando menos, una falta de respeto inaudita pero que no debiera extrañar en un país como el nuestro, centralizado hasta el absurdo. Lo anterior además, vulnera el espíritu de lo dispuesto en los artículos 83 letra e) y 84 del Código Procesal Penal.
La Fiscalía de Puerto Montt no lo ha hecho mejor en esta materia, puesto que el texto íntegro de una denuncia hecha en Policía de Investigaciones es remitido a la Fiscalía local. La pregunta es ¿por qué la Fiscalía de Puerto Montt no derivó los antecedentes al juzgado del crimen respectivo? Esto, en circunstancias que el Ministerio Público, en razón de su incompetencia para investigar delitos cometidos con anterioridad a la vigencia del actual procedimiento penal, debe remitir los antecedentes al juez del crimen correspondiente; ello se desprende de los artículos 2° Código Procesal Penal, y 484 Código Procesal Penal y disposición Octava Transitoria de la Constitución Política de la República.
Consulté en la Fiscalía y la causa por el delito de abuso sexual, a cargo del fiscal adjunto jefe Marcello Sambuceti Correa está archivada provisionalmente, lo cual en ningún caso cuestiono respecto de la investigación por el delito de abuso sexual, en el entendido que no era posible acreditar el elemento volitivo del dolo y existía el riesgo de revictimizar a la menor; pero sí me parece que la Fiscalía de Puerto Montt, a lo menos, debió haber remitido los antecedentes para que se iniciara una indagación conforme al procedimiento antiguo, respecto de estos otros delitos cometidos hace ya varias décadas.
Que el Estado se inhiba de investigar casos de participación en violaciones a los Derechos Humanos, deliberadamente o por omisión, es gravísimo, más aún considerando que debido a la cantidad de años transcurridos, deben ser investigados con especial celeridad y rigor si se quiere obtener resultados satisfactorios.
Cuesta entender tamaña desprolijidad por parte del órgano persecutor, como también por parte de Policía de Investigaciones. Actualmente hay en el sistema 650 fiscales para 1.400.000 denuncias, lo que por simple aritmética revela que cada fiscal debe investigar 2.154 denuncias, todo lo cual lleva a que la sobrecarga de trabajo de los fiscales impida una correcta administración de justicia. Sin duda, es un asunto de recursos y de voluntad política, y lamentablemente a este problema no se le ha brindado la atención que requiere y que redunda en situaciones bochornosas como la expuesta en esta carta.
Saludos cordiales
Juan Pablo Gutiérrez Oñate
RUT: 16.XXX.XXX-X
