En el juzgado de garantía de Concepción fue presentada la querella por daños y desórdenes públicos, destinada a sancionar a los responsables de los graves hechos ocurridos la noche del 11 de septiembre, en el centro penquista.

Hasta el tribunal llegó el alcalde Álvaro Ortiz, junto a comerciantes afectados por los destrozos de ventanales y saqueos. El jefe comunal sostuvo que los daños se estiman en 35 millones de pesos, sumados los 10 millones del mobiliario público, como los bancos de la plaza y semáforos, y lo relativo al sector privado.

Insistió en que los autores de la destrucción fue un pequeño grupo no superior a 50 personas, que desvirtuaron el sentido de la conmemoración de los 40 años del golpe de estado.

Hasta el juzgado llegó también María Zulema Abarzúa, presidenta de la Cámara de Comercio penquista, quien resaltó que el costo de las reparaciones correrá por cuenta propia.

La gerente de LAN Concepción, Mariela Hanh estaba en Santiago cuando ocurrieron los incidentes y al llegar se encontró con la oficina destruida.

Franco Fabri es el dueño de la importadora Panther y en casi seis décadas de funcionamiento jamás sufrió algo así.

El concejal comunista, Alex Iturra, lamentó lo sucedido. Admitió que en la izquierda hay rabia por lo ocurrido hace 40 años y existe molestia porque la justicia no arriba en algunos casos, pero eso no justifica la destrucción en el centro penquista. También criticó la pasividad de carabineros.

De los 19 detenidos que hubo ese día, siete fueron formalizados. Los tres arrestados por robo a Panther quedaron con firma mensual, otros tres acusados de robo en la sucursal de Banco Estado, lo mismo más prohibición de acercarse a la oficina; y un detenido por desórdenes quedó con suspensión condicional del procedimiento y fue formalizado porque portaba polquitas y una honda.

Pedro Cid (RBB)

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