La Intendencia del Bío Bío y el Ministerio Público coordinan las acciones que el gobierno y el órgano persecutor seguirán para investigar los dos ataques a Carabineros que se registraron los últimos días en el Alto Bío Bío y en la provincia de Arauco.

Como ya había anunciado el ministro del Interior Andrés Chadwick, el gobierno regional interpondrá una querella en Santa Bárbara por la agresión con palos y piedras que sufrió una unidad de Carabineros instalada en medio de las comunidades pehuenche del cajón del Queuco, la noche del lunes.

Asimismo, este viernes se espera que la Intendencia repita similar medida ante el Juzgado de Garantía de Cañete por los disparos de escopeta que hirieron a dos uniformados en la comunidad Nicolás Calbullanca, en las cercanías del lago Lleu Lleu, ayer miércoles.

El intendente Víctor Lobos, comentó la necesidad de castigos más duros y efectivos en contra de los autores al momento de ser individualizado, ante lo cual expresó respaldo al avance legislativo para proteger a la policía, como lo propuso el presidente de la República.

Pese al actuar de Carabineros posterior a los atentados, donde diversos sectores criticaron el despliegue excesivo de seguridad y cordón de investigación en la zona, el Intendente manifestó su apoyo a las diligencias.

Al respecto, el fiscal regional del Bío Bío, Julio Contardo, tras reunirse con el intendente Víctor Lobos, explicó que con la ampliación de la detención de los 9 presuntos involucrados en los hechos de Alto Bío Bío se busca tener más antecedentes para aclarar qué delitos se les imputarán.

En cuanto a lo sucedido en Cañete, el persecutor indicó que de acuerdo a los primeros antecedentes, se trató de un hecho alevoso que es investigado por una brigada especial de la Policía de Investigaciones, sin que hasta ahora haya personas individualizadas como supuestos autores de los disparos.

Tierras pehuenche

Respecto al problema de fondo que acusaron comunidades pehuenche y que los habrían llevado a la acción, el intendente Víctor Lobos indicó que el gobierno compró hace 6 meses 4 mil hectáreas adyacentes a la comunidad de Malla Malla “y eso generó una superposición de títulos entre Malla Malla y Trapa Trapa y una franja intermedia”.

“El fundo que la gente de Malla Malla quiere que la Conadi compre, nosotros tenemos toda la intención y hemos estado trabajando durante años en el proceso de poder adquirirlo, pero ese fundo tiene graves problemas de superposición de títulos de propiedad”, señaló Lobos.

Agregó que “el valor que pretendían los propietarios estaba totalmente fuera de realidad y del presupuesto de Conadi, con algunas implicancias adicionales en que hay extranjeros, en este caso argentinos que son parte propietaria de esa tierra, por lo que hay una complejidad jurídica para comprarlo, aunque la Conadi está trabajando en ello”, precisó Lobos.