La mayoría oficialista en el Congreso boliviano anunció este martes la creación de una comisión bicameral para investigar la fortuna del acaudalado líder opositor Samuel Doria Medina, seguro rival del presidente Evo Morales en las elecciones generales de 2014.
La bancada del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) “ha decidido formar una comisión (bicameral) para investigar la privatización (de empresas estatales)” en la década de los 90, informó el diputado oficialista Galo Bonifaz.
Doria Medina, que ocupaba entonces el Ministerio de Planificación, figura segundo con 16,4%, detrás de Morales con 32,7%, en un sondeo de intención de voto divulgado a principios de junio por la firma Captura Consulting.
La comisión fue decidida después de que Doria Medina, líder de la centroderechista Unidad Nacional y candidato presidencial en 2005 y 2009, denunciara anomalías en el programa asistencial ‘Bolivia cambia, Evo cumple’, que ejecutó unas 4.500 obras en los últimos seis años.
El programa fue financiado en sus primeros tres años con dinero donado por Venezuela por un monto de 400 millones de dólares. Otros 270 millones fueron aportados por el Tesoro nacional.
“No me van a amedrentar con eso, fiscalizaré con más fuerza”, escribió Doria Medina, dueño de un emporio cementero, en su cuenta Twitter.
El político opositor ratificó este martes en rueda de prensa que envió a la Contraloría datos de 500 obras con irregularidades por 18 millones de dólares, “con avance del 0%”.
La oposición criticó al gobierno por construir canchas con pasto sintético, coliseos, sedes sociales y mercados descuidando obras para la salud y educación.
El programa ejecutó 298 proyectos productivos, 85 obras de infraestructura vial y 241 proyectos de riego, entre otros, según el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, quien en un informe ante la Cámara de Diputados sugirió la semana pasada investigar la fortuna de Doria Medina.
El oficialismo sospecha que Doria Medina amasó su fortuna cuando ocupó el cargo de Ministro de Planeamiento, en 1992, habiendo privatizado algunas empresas del Estado.
En septiembre de 2010, Morales decretó la confiscación de un tercio de las acciones de la cementera Fancesa, que estaba en posesión de Doria Medina y del mexicano Grupo de Cemento Chihuaha (GCC).
