Durante la mañana del jueves, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) suspendió la página web del cuestionado Censo 2012, debido a la realización de una auditoria para determinar las presuntas irregularidades cometidas en el proceso, que a la vez provocaron la salida de su antiguo director.

Mediante un comunicado, el nuevo director de la entidad, Juan Eduardo Coeymans, señaló que entregarán toda la colaboración posible a la justicia para que la investigación solicitada por el Gobierno, y llevada a cabo por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, llegue a buen curso.

Asimismo, el personero dio a conocer que el pasado 29 de abril se inició la auditoria interna, adelantada hace unos días por el ex ministro Longueira, para analizar el cuestionado proceso que habría entregado cifras irregulares y que generó un verdadero “terremoto político”.

Los métodos del censo serán sometidos a evaluación por expertos externos y, mientras tanto, será suspendido el sitio web www.censo.cl y las ediciones impresas que aún no se han distribuido, “hasta que se haya llegado a la convicción de que son cifras con niveles de confianza propios de una institución técnica, profesional y de calidad”, indicó directivo.

La entidad también manifestó preocupación por la credibilidad en torno a otras mediciones entregadas habitualmente, como el caso del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que también ha sido cuestionado por su metodología y, según trascendidos, podría presentar diferencias de hasta cuatro décimas respecto de la cifra oficial.

Debido a lo anterior se comprometieron “a hacer su máximo esfuerzo en avanzar en la transparencia de los procesos de generación de sus productos y a reforzar todos los mecanismos de validación, para así asegurar el cumplimiento de los más altos estándares internacionales”.

Recordemos que el escándalo dentro del INE se inició tras un reportaje de CIPER, que acusaba al ex director del la entidad, Francisco Labbé, de manipular los datos del censo presentando a 16.600.000 habitantes como efectivamente censados, cuando se entrevistó a 600.000 personas menos.

Según el sitio periodístico, Labbé forzó la cifra para poder alcanzar el objetivo de sólo un 2% de personas que no contestaron, y sumó como si efectivamente hubieran sido entrevistados a los moradores ausentes y a las viviendas desocupadas.

Como consecuencia, estarían alteradas las distintas mediciones derivadas del censo para ser utilizadas en la elaboración de políticas públicas durante los próximos diez años.