Como un precedente que podría empeorar la crisis hídrica y social que se vive actualmente en las zonas mineras del país, calificaron las organizaciones sociales el fallo de la Corte Suprema que consideró legal que una minera no pague para extraer agua desde las napas subterráneas que se encuentren en el terreno concesionado.
El fallo fue emitido por la Corte Suprema por una denuncia realizada por la Dirección General de Aguas contra la Sociedad Legal Minera NX Uno de Peine, relacionada a Francisco Javier Errázuriz, imputándole el alumbramiento de aguas subterráneas sin contar con la debida autorización para ello.
Sin embargo, el máximo tribunal estimó – el pasado 2 de abril – que es legal que una minera no pague para extraer el recurso desde las napas subterráneas que se encuentren en el terreno concesionado, pues sólo se estarían “explorando” los minerales que tendría el agua.
La Corte Suprema explicó que las labores de sondaje y bombeo que motivaron la denuncia fueron autorizadas por la concesión de exploración, por lo que no requieren autorización de la Dirección de Aguas, pues no constituye una explotación del recurso.
Para el ex Director General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas, Rodrigo Weiner, afirmó que eso no debería ser un gran problema para las comunidades que estén cercanas a la minera.
El vocero del movimiento SOS Huasco, Juan Carlos Labrín, afirmó que desde su comunidad reciben de forma negativa esta noticia, y que esto demuestra que la justicia está completamente desinformada de lo que realmente sucede en estos lugares.
Mientras, Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, afirmó que esto sólo empeorará la crisis hídrica y social que se vive actualmente en las zonas mineras del país.
Cuenca agregó que están realizando un análisis profundo de este fallo, y no descartó recurrir a instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
