Y luego de batallar por años en búsqueda de justicia, el 18° Juzgado Civil de Santiago decidió fallar a favor de los ex prisioneros de la Isla Dawson, desestimando la prescripción alegada por el Estado de Chile.
Además, condenó al Estado a pagar 150 millones de pesos a cada uno de los afectados y cubrir las costas del juicio.
Frente a la resolución judicial se refirió la Presidenta de la unión de Ex Presos Políticos de Chile, Nelly Cárcamo, quien en conversación con La Radio manifestó que el veredicto es formidable considerando el daño físico y moral que padecieron los 31 integrantes de la organización, reconociendo a la vez que los beneficios entregados hasta este momento sólo fueron paliativos.
Uno de los considerandos esgrimidos durante el juicio y con el cual se buscaba obtener un fallo a favor del Estado Chileno, se relacionaba con los distintos beneficios entregados como pensiones anuales de reparación y otros, destinados a las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos, con el cual se alegaba que era más que suficiente en materia de reparación.
No obstante, la sentenciadora no consideró tales alegatos, añadiendo que éstos “no se consideran acorde a la norma dispuesta en el artículo 63.1 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en virtud del articulo 5to inciso 2do de la Constitución Política de la república, por lo que se desestimaba la alegación de suficiencia de pago”.
Consultada frente a lo que realmente perseguían los demandantes, Cárcamo fue tajante al señalar que ellos sólo perseguían justicia y que los culpables paguen con creces el daño cometido, y no en cárceles de lujo.
Si bien recibieron una buena noticia, dijo la representante de los Ex Presos Políticos, hay que mencionar que el proceso judicial se tramitó por más de 5 años.
Por otro lado, el Consejo de Defensa del Estado presentó un recurso ante la Corte de Apelaciones, lo cual es considerado una vergüenza por los afectados. Cárcamo dijo que es una actitud que han tomado durante todo el proceso judicial.
No obstante, agregó ellos se harán parte de la segunda instancia para argumentar y defender los fundamentos de la sentencia para que ésta sea ratificada por el tribunal.
Lamentablemente, añadió el representante legal de la agrupación, Víctor Rosas, la justicia ordinaria no realiza diferenciación entre las causas civiles y las de Derechos Humanos, lo cual en términos concretos significa que pueden pasar perfectamente dos años antes de que el caso sea visto por el tribunal de alzada.
