La alcaldesa de Ancud instó a la comunidad educativa del Liceo Bicentenario a reflexionar y continuar el diálogo, para evaluar la propuesta de la municipalidad y de la Corporación, agregando que ella solamente cumplió con su obligación de denunciar los hechos a Carabineros.

La alcaldesa de Ancud, Soledad Moreno, se refirió a la situación del Liceo Bicentenario en la última sesión de concejo municipal, señalando que se conversó con la directiva del centro de padres acerca de la situación que afecta al director del colegio Julio Soto Chavarría, donde se les propuso esperar los procesos que están en curso para determinar las responsabilidades del docente que eventualmente podrían configurar un delito.

Lo anterior, en torno al sumario administrativo que lleva adelante la corporación, y a la denuncia hecha ante Carabineros, que determinó incluso suspender de sus funciones al directivo, por parte de la Fiscalía, explicando que en el caso de ser absuelto de los cargos que pudiesen determinarse, existe la posibilidad de llegar a un consenso con los apoderados para evaluar la continuidad en su cargo durante el 2013.

En este sentido, la alcaldesa Soledad Moreno, enfatizó que lo más importante en este tema son los alumnos del establecimiento, por lo mismo, se reunió durante esta semana con la directiva del centro de padres y apoderados, con el Seremi de Educación, y con el coordinador de los liceos Bicentenario.

Agregó que en su calidad de jefa comunal cumplió con su obligación de denunciar las irregularidades detectadas al interior del establecimiento, recalcando la importancia de seguir los conductos regulares, y de la defensa de los intereses del municipio como su principal tarea al asumir la administración comunal.

Por último, instó a la comunidad educativa de este liceo de excelencia a continuar con el diálogo, para evaluar la propuesta de la municipalidad y de la Corporación, mientras se espera el resultado tanto del sumario que debiese estar terminado en unos veinte días y por otra parte, de las investigaciones que llevan adelante la Fiscalía y la Superintendencia de Educación.