Con satisfacción veía los anuncios gubernamentales de que los casos por abusos sexuales a menores serían de fácil tramitación en la justicia. Sin embargo, puedo comprobar fehacientemente que la verdad es distinta, muy distinta.

Es por ello, que paso a relatar los hechos que confirman lo contario.

Mi calvario comenzó el 09 de abril de 2012 al acudir al servicio de salud para comprobar un abuso sexual. Me dirijo a hospital Roberto del Río con mi hija, pero no la atendieron porque el cirujano “estaba en pabellón”.

Luego, voy al Instituto Médico Legal y me atiende el Subcomisario Francisco Peña Valenzuela tomando declaración y revisando el médico de turno.

Posteriormente, fuimos citados a una serie de instancias indagatorias y declaratorias que no hacían nada más que revivir la pesadilla. Nos atendieron psicólogos de la PDI y de la Fiscalía Santiago Norte.

Pasaba el tiempo sin que nadie entregara información. Supimos que el caso pasó del fiscal Alejandro Sánchez a Paola Trisotti, quien nos recibió, nos escuchó y nos dio tranquilidad en ese proceso, enviándonos al Programa Cavi de calle Lastarria, en donde sí nos apoyaron.

Vale la pena considerar que a la niña ya le realizaron un test de crebilidad y una serie de exámenes y testimonios, que una y otra vez aumentaban su carga emocional.

La Fiscalía tiene todo en su poder, pero extrañamente, cuando el individuo debía ser formalizado por este delito de abuso sexual, el abogado que enviaron a la audiencia no tenía la carpeta con los antecedentes.

Ahora, se sumarán meses de espera, más las vacaciones judiciales, aunque en momentos de escribir estas líneas, la Fiscal me informó que en febrero habrían novedades.

Este hecho se suma a una serie de irregularidades, como que Carabineros fuera a citarnos por amenazas en contra del sujeto, que la PDI fuera a buscar a mi hija para declarar sin saber que se trababa de una menor de edad, que llegaron citaciones para el abusador a mi propio domicilio y un sinnúmero de situaciones sumamente extrañas, en donde la información del proceso nunca ha sido de nuestro conocimiento.

Todos estos meses han sido muy traumantes para mi y mi familia, sentimos que la justicia no se aplica como es debido o como lo anuncian las autoridades en casos como éste.

Casi un año de suplicio para revivir una y otra vez los sucesos, sin encontrar la respuesta en la Justicia, nos parece casi una burla.

Algo no anda bien, algo anda tan mal como la mente de los pervertidos y abusadores que andan sueltos por las calles.

Espero que puedan publicar este caso para hacerles ver a las autoridades judiciales y a la ciudadanía que los anuncios que se hacen en forma pomposa, realmente no son más que eso: anuncios para un mundo mejor, cuando en realidad hay familias que estamos destruidas buscando justicia.

Ingrid Chicahual Vidal