Los presidentes de las organizaciones medioambientales Terram y Ecosistemas se mostraron críticos respecto al inicio de las actividades del Segundo Tribunal Ambiental de Chile, ubicado en Santiago, y los alcances de la Ley Mediambiental 20.600.
La presidenta de la Fundación Terram, Flavia Liberona, expresó que tres tribunales en Chile son insuficientes y generan desigualdad ante la ley, pues las empresas tienen recursos suficientes para desplazarse hacia el tribunal y, por cierto, sostener su defensa.
Liberona añadió que les preocupa que desde el Estado no exista un apoyo permanente a las comunidades que denuncian, dejándolas abandonadas, enfrentando procesos que son complejos como las evaluaciones ambientales y las fiscalizaciones y denuncias.
En tanto, el presidente de Ecosistemas, Juan Pablo Orrego, afirmó que la creación de los tribunales ambientales no soluciona el problema de fondo. Argumentó que el país se encuentra enfocado en proteger los intereses de la propiedad privada, más que la integridad del ecosistema.
Para Orrego el problema estructural que existe en Chile no se está enfrentando de la manera correcta, provocando que se generen “ecocidios”, como en el caso de La Araucanía, y que ellos, finalmente, repercuten en estallidos sociales.
El presidente de Ecosistemas agregó que la constitución polìtica de Chile requiere de una reformulación para salvaguardar el medio ambiente.
En cuanto a los tribunales ambientales, solo falta que inicien su funcionamiento el primer tribunal medioambiental de Antofagasta y el tercer tribunal medioambiental de Valdivia, para completar los tres con que contará el país.
