A 800 días de presidio y al pago de 2 mil millones de pesos en indemnizaciones fue condenado el único responsable de la caída del edificio Alto Río, el ingeniero calculista René Pettinelli. Así lo informó el Tribunal Oral en lo Penal durante la lectura de la sentencia, la que tanto la defensa del profesional como la Fiscalía y los querellantes buscarán anular ante la Corte de Apelaciones de Concepción o la Corte Suprema.
Con media hora de retraso, sin la presencia de los absueltos y menos del condenado, los jueces Nancy Vargas, Silvia Mutizábal y Adolfo Cisterna leyeron ante los abogados, fiscales y víctimas que llegaron a la sala 3 del juzgado un extracto del extenso fallo que detalla las razones del desplome del inmueble, así como las pruebas para atribuir al ingeniero Pettinelli su responsabilidad en las ocho muertes y lesiones graves a siete residentes.
La pena de cárcel impuesta al profesional, que cumplirá en libertad, no causó sorpresa entre las víctimas y tampoco en el Ministerio Público, pues había sido justamente esa la sanción solicitada por el fiscal Nelson Vigueras.
Al reaccionar, el persecutor insistió en la acusación que culpaba de la caída del Alto Río a los ocho encargados de la construcción, entre ellos los ejecutivos de la empresa Socovil, dando luces de una decisión prácticamente tomada, como es la presentación de un recurso de nulidad.
Verónica Riquelme, quien sufrió una cuadraplejia que la dejó en silla de ruedas al desplomarse el edificio de 14 pisos, calificó la sentencia como una burla.
Y es que tras la audiencia los familiares de las víctimas no descartaban que durante todo este tiempo René Petinnelli se haya desprendido de sus bienes, de manera de esquivar el pago de indemnizaciones.
Para el abogado querellante, Fernando Saenger, la posibilidad de hacer cumplir ese aspecto del fallo es efectivamente incierta.
El profesional, sin embargo, recordó que existe aún la vía civil para perseguir la responsabilidad de Socovil y de la inmobiliaria Río Huequén.
La defensa del condenado, a cargo de la abogada Fabiola García, reiteró que se estudiará la sentencia antes de decidir un recurso de nulidad.
En cuanto a las costas del juicio oral, que se extendió por cinco meses y que requirió del Ministerio Público al menos 250 millones de pesos, que fue el valor del peritaje del Idiem, el Tribunal Oral en lo Penal estimó que no se podía condenar ni a la Fiscalía ni a los querellantes, por haber ellos -dijo el juez Cisterna- tenido motivos plausibles para presentar las acciones legales.
