Sólo tras una fiscalización de la Superintendencia de Educación, la dirección del colegio Inmaculada Concepción se allanó a cumplir el fallo de la Corte Suprema que ordenó restituir sus derechos como tal a tres apoderados, y al mismo tiempo garantizar matrícula a sus cuatro hijas para el año escolar 2013, aunque respecto de dos de esas alumnas eso dependerá de cancelar lo adeudado por concepto de mensualidades.

Hace tres semanas el máximo tribunal del país confirmó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Concepción que había dejado sin efecto las sanciones impuestas por el Inmaculada Concepción contra los ex dirigentes del Centro de Padres, Miguel Palacios, Patricio Leal y Alejandro Grandón.

La medida disciplinaria decretada por el colegio incluía el retiro de la calidad como apoderados y también la cancelación de las matrículas para sus hijas. La denuncia de los afectados fue que se trataba de una venganza por haberse opuesto a la venta del establecimiento.

Un escrito presentado ante la Superintendencia de Educación, luego que la directora del Inmaculada, María Victoria González, negara el acceso a una reunión de apoderados, no obstante tener la resolución judicial, llevó al titular del organismo, Juan Lepe, a ordenar una fiscalización en terreno para constatar la denuncia.

La solución, sin embargo, fue parcial respecto de las matrículas, explicó el superintendente regional.

Los apoderados analizan lo resuelto por la Superintendencia en acuerdo con el colegio Inmaculada Concepción y esperan que la dirección mantenga lo señalado a la autoridad del Ministerio de Educación.