Las familias pehuenche que encabezaron el rechazo a la construcción de la central Ralco en Alto Bío Bío, redoblaron sus críticas al Gobierno y Endesa por los incumplimientos de los acuerdos adoptados en 2003 y que en su momento permitieron materializar el megaproyecto energético.
Fueron las últimas 4 familias pehuenche que rechazaban entregar sus tierras para llenar el embalse de la planta generadora. Sin embargo, en septiembre de 2003 aceptaron entregar sus terrenos, a cambio de compensaciones, incluida la creación de la comuna de Alto Bío Bío.
Al cabo de 9 años, el grupo reclama que aún no se cumple con buena parte de las compensaciones, pese a que fueron visadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, tras condenarse al Estado chileno por no respetar los derechos fundamentales de los pueblos originarios en la zona cordillerana.
Hilda Riquelme Huenteao, vocera de ese grupo de familias, reclamó que se les prometió un mejoramiento de la calidad de vida, situación que está lejos de cumplirse debido a que no se cumple todo lo prometido.
Según la dirigenta, lo único que se buscó fue sacarlos de la cordillera, sin que después se cumplieran los acuerdos:
Rosario Huenteao, una de las mujeres pehuenche que aceptó al final entregar sus tierras a Endesa, reclamó contra la generadora por no cumplir sus compromisos.
En lo inmediato, por medio del abogado Roberto Celedón, las familias enviaron una carta al Ministerio de Desarrollo Social para pedirle una reunión donde se aborden los temas pendientes del protocolo del 2003.
Además, hace un par de semanas remitieron un informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA donde se detalla cada uno de los incumplimientos de Endesa con las familias pehuenche.
