El fiscal regional metropolitano sur, Raúl Guzmán, fue designado este viernes para investigar la presunta pérdida de un 10% de droga decomisada, la cual debería haber sido destruida durante 2010 y equivale a más de mil kilos de cocaína y pasta base.
Según explicó el fiscal nacional (s) Alberto Ayala, siguiendo la preocupación manifiesta del titular Sabas Chahuán, y en virtud de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, se designó mediante resolución al fiscal regional para iniciar la indagatoria, con facultades para investigar en distintos puntos del país, decisión que se alza como la más eficaz y eficiente, según lo exige el Plan Estratégico Institucional.
Con esta designación, Guzmán podrá conformar un equipo de trabajo, el que preferentemente deberá integrar el fiscal que ya tiene a su cargo la causa que indaga la sustracción de marihuana en el Servicio de Salud Central y que involucra a una ex funcionaria y a un ex carabinero de dotación del OS-7.
“Estamos investigando la eventual pérdida de sustancias estupefacientes que llegan al Servicio de Salud a través de diversos casos. El fiscal nacional me ha entregado instrucciones precisas respecto de que es necesario ampliar el ámbito de la investigación a una mirada general a nivel país”, dijo Ayala.
Agregó además que “la idea es poder contribuir, sin correspondernos directamente, a los planes de gobierno sobre seguridad pública. Y desde esa perspectiva no queremos quedarnos sólo en una persecución penal que puede o no dar resultados, la idea es evitar o contribuir en la fase preventiva, para que este problema no se produzca y no tengamos que esperar respuestas para solucionar problemas”.
Por esta razón, la Fiscalía Nacional pretende impulsar modificaciones legales y reglamentarias, que serán propuestas ante la Comisión Nacional de la Reforma; a la directora del Instituto de Salud Pública, María Teresa Valenzuela; al ministro de Salud, Jaime Mañalich, y a los integrantes de las comisiones específicas de ambas cámaras del Congreso.
Ayala destacó además, que este tipo de casos recuerdan la relevancia de contar con una Fiscalía Especializada de Alta Complejidad de carácter supraterritorial -proyecto contemplado en el Plan de Fortalecimiento Institucional enviado al Ejecutivo- que descongestionaría el trabajo en las fiscalías regionales y evitarían tener que recurrir a la Ley Orgánica Constitucional para llevar a cabo en forma eficaz la persecución penal.
“Esta unidad ha sido solicitada en forma recurrente por la Fiscalía Nacional desde hace varios años. Al no tener esto, la investigación se radica en un fiscal regional con la recarga que ese fiscal, así como otro de sus pares, están con muchas otras investigaciones. Por eso la necesidad de contar con esa unidad”, dijo Ayala.
