La Coordinadora Regional Anti Represas de Aysén, que agrupa a decenas de organizaciones de la zona austral, expresó su “molestia” por el proyecto de ley de Carretera Eléctrica Pública que el Gobierno enviará próximamente al Congreso.
Independiente de su contenido, la agrupación señala que las autoridades no habrían considerado en su elaboración la opinión de los actores más importantes, que serían los ciudadanos.
“Se habla de política pública energética y nunca le han preguntado a la gente. Eso por cierto que molesta”, señalaron en la organización.
“Hemos sabido por la prensa del diseño de este proyecto de ley, el cual ha sido consensuado con los grandes actores del empresariado eléctrico. Pero en ninguna parte se le consultó a las comunidades, en ninguna parte se hicieron cargo de ver esto como una verdadera política pública, sino que se pretende imponerlo al resto de los chilenos”, agregaron.
Luis Alberto Gómez, de la Agrupación Cultural y Ambiental Viva de Coyhaique, expresó que “no se puede hablar de Carretera Eléctrica Pública cuando el acceso sería para algunos privados, impulsando el Presidente que sean públicos los costos, pero privadas las utilidades”.
Gómez agregó que “se incrementa la ineficiencia eléctrica al existir grandes líneas de transmisión con enormes pérdidas, siendo los riesgos por corte directamente proporcionales al largo de la línea”.
En tanto, Francesca Brautigam, profesional de la Coalición Ciudadana por Aysén Reserva de Vida, aseguró que “los riesgos no son sólo naturales, porque esta iniciativa permite proyectar miles de kilómetros de conflictos sociales producto de controversias económicas, políticas, y amenazas a la calidad de vida de las personas, porque la paz es un valor importante. Son miles de kilómetros de posible militarización”.
Como habitante de Aysén, la joven apuntó a la “reducción de la participación ciudadana y, por tanto, de poder decidir sobre qué tipo de desarrollo queremos, y también el derecho a la propiedad privada en beneficio de las grandes empresas”.
