Imagen: Nibaldo Mosciatti

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El ex fiscal Alejandro Peña viajó a la región de la Araucanía para crear una unidad especializada de abogados que, de la mano de fiscales y policías, llevarán adelante las querellas que se han presentado contra quienes hayan cometido delitos.

Estos delitos incluyen quemas de predios, amenazas armadas a personas, incendios de casas en los que se reducen a cenizas los recuerdos, la memoria de generaciones que con esfuerzo han trabajado esa tierra.

Lo complicado es que esos hechos se han dado en el contexto de movilizaciones y reivindicaciones mapuche. Aunque evidentemente no puede culparse a priori a los comuneros por esos delitos, no resulta claro que Peña, a pesar de su formación legal, opine lo mismo.

Después de la actuación de Peña en el denominado caso Bombas, lo que ha quedado en entredicho es la capacidad e idoneidad profesional del ex fiscal.

Recordemos que se empecinó en acusar a un grupo de personas que finalmente fueron puestas en libertad. Entre otras cosas porque la Fiscalía hizo mal su trabajo y terminó presentando pruebas ridículas e incoherentes que terminaron derrumbando la acusación.

¿Qué es lo que se teme ahora? Que tal como ocurrió con el caso Bombas, Alejandro Peña instale en la Araucanía esa lógica de acusar e imputar con mucha facilidad, o peor aún, sin sustento jurídico o probatorio.