El empresario acusado de entregar dinero al Alcalde de Hualpén, a cambio de un permiso ilegal de extracción de áridos, fue formalizado por cohecho reiterado en el Juzgado de Garantía de Talcahuano. Corresponde al noveno involucrado en la investigación que tiene como figura central al alcalde Marcelo Rivera.

Se trata de José Rubén Moraga Rojel, representante legal de la inmobiliaria Las Tejas Limitada, a quien se acusa de cohecho reiterado al entregar millonarias cantidades de dinero al alcalde para conseguir el permiso de extracción de arena en el borde del río Bío Bío, como también de paralizar un procedimiento de clausura el año 2007 y evitar fiscalizaciones.

Con ello, argumentó el fiscal Carlos Palma, el alcalde Rivera recibió un beneficio económico por 105 millones de pesos, omitiendo un acto al cual estaba obligado y haber ejecutado un acto con infracción a los deberes del de jefe comunal.
La cifra más llamativa la recibió directamente del empresario, el 7 de octubre de 2009, en efectivo, suma que alcanzó los 100 millones de pesos, en una sucursal del banco Santander en Concepción.

Tras la formalización la prensa debió salir de la primera sala del Juzgado de Garantía de Talcahuano, y tras una hora y media de debate, finalmente el juez Raúl Martínez concedió las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público contra Rubén Moraga, firma mensual en la PDI de Concepción y arraigo nacional.

A la audiencia también concurrieron como oyentes el director del departamento de personal de la Municipalidad de Hualpén, Mario Gutiérrez Pastorini, otros de los formalizados el viernes, por fraude al fisco y exacción ilegal, junto a sus abogados Renato Fuentealba y Enrique Hernández.

Esto, porque un cheque de dos millones de pesos del empresario fue cobrado por Gutiérrez Pastorini, en marzo del año pasado, cantidad que entregó al jefe edilicio.

La pena por cohecho reiterado parte en 541 días de privación de libertad, agregó el fiscal Palma.

El persecutor penal descartó por ahora investigar la causa por evasión de impuestos que el empresario perdió ante al Tribunal Tributario, Corte de apelaciones de Concepción y a la que apeló ante la Corte Suprema, en la que se lo acusa de adeudar al fisco la astronómica suma de 108 mil millones de pesos.