Una innecesaria polémica se generó esta semana luego que se conociera la decisión de la Comisión de Régimen Interno de la Cámara de Diputados, de llamar a licitación para comprar iPad destinados a todos los parlamentarios de la Cámara Baja.
Conocida la noticia, las reacciones no tardaron en aparecer, especialmente de repudio hacia la medida que fue justificada por el diputado y presidente de esta instancia legislativa Patricio Melero (UDI).
El parlamentario arguyó que esta compra se enmarca dentro de un plan de modernización e implementación tecnológica que contará con la instalación de un sistema de televisión, la mejora de la red computacional y la adquisición de dispositivos iPad 2.
Además informó que el equipo, cuyo costo varía entre $300.000 y $500.000 cada uno, sería entregado en comodato, y que deberá ser devuelto una vez concluido el periodo legislativo.
Conocida la noticia, las reacciones no se hicieron esperar, motivando a algunos como el diputado Miodrag Marinovic (IND), a anunciar que devolverán el iPad. Mientras que otros como el PPD Ramón Farías defendió la medida señalando que es un proyecto que ayudará a facilitar el trabajo legislativo, como ahorro de papel, y el acercamiento a la ciudadanía de la labor parlamentaria.
Claramente el uso de las tecnologías de la información facilitan las tareas administrativas especialmente de quienes están en el servicio público. Incluso se valora el uso de las redes sociales por parte de los parlamentarios, lo que les permiten tener mayor retroalimentación con la población (aunque sigo opinando que no son tan representativas como se espera).
La discusión no debe perderse en si hubo algún error comunicacional en dar esta información, o si la idea no quedó claramente establecida, el tema de fondo es porqué ellos ocupan dineros de todos los chilenos en facilitar una tarea legislativa, que más encima, no es aprobada por la ciudadanía.
Los ingresos de un diputado se dividen en una dieta parlamentaria de $5.161.415, más asignaciones por: desempeño en el cargo de $ 2.893.830 mensuales; movilización $ 881.532 mensuales (combustibles y gastos de traslados); y materiales de oficina de hasta UF 4 mensuales*.
La pregunta que surge es: ¿Será necesario que los diputados ocupen los dineros que pagamos en impuestos para que se transformen en parlamentarios 2.0?
La respuesta se conoció este jueves cuando finalmente se desestimó el llamado a licitación. Y aunque se alegue que es algo inflado por la prensa, no deja de ser una mala señal para quienes en sondeos alcanzan un 23% de aprobación.
Si como dijo el diputado Farías la intensión es acercarse a la ciudadanía, es necesario el uso respetuoso de los dineros de los “millones de chilenos y chilenas”, como regularmente se escucha en los discursos políticos.
*Fuente: Cámara de Diputados
