Santiago Pinilla, quien se desempeñara informalmente como cabeza del departamento de Seguridad Minera hasta diciembre de 2009, dijo no tener poder para cerrar la mina y aseguró que dicha facultad recae en el director regional o nacional. Lo anterior lo declaró ante la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados convertida en Investigadora sobre Segruidad y Faenas Mineras.

Comisión de la Cámara

En abierta contradicción con los testimonios anteriores, Pinilla aseguró que el entonces subdirector Nacional (S) de Minería, Patricio Leiva, presionó para que el oficio que permitió la reapertura de la mina San José saliera rápidamente.

Según explicó ante la comisión, cada vez que Leiva subrogaba presionaba para que las cosas salieran rápido, no porque fuera comprometido de alguna forma en ello, sino más bien porque buscaba destacarse profesionalmente haciendo que las cosas se hicieran más rápidamente.

“Nosotros a Patricio Leiva le decíamos el ‘loco Leiva’, porque cada vez que reemplazaba pasaba lo mismo, iba al departamento de seguridad para que se sacaran las cosas”, precisó.

En el caso específico de San José, Pinilla dijo que tan pronto llegó la carta de solicitud de reapertura, Leiva fue insistentemente a su oficina para apurar el oficio, hecho a lo cual el asesor se resistió porque desconfiaba de la mina y buscaba poner más obligaciones a la empresa para reabrirla.

“Yo no podía legalmente negarme a hacer una resolución u oficio para abrirla, ahora, por qué salió tan rápido, eso fue lo que me admiró a mí. Yo generalmente me demoro una semana en redactar eso y aquí fueron tres días”, cuestionó.

Este testimonio contradice lo señalado por Leiva, quien aseguró a la Comisión que fue justamente Pinilla quien lo indujo a firmar la reapertura a través de un simple oficio, tras explicársele que ello correspondía a un proceso gradual que venía siendo monitoriado por el subdirector Nacional, Exequiel Yanes.

Historial e Inspecciones

Según testificó, la primera inspección que realizó a San José fue en el año 2004, tras un accidente. Aclaró que, en la oportunidad, se llevó una mala impresión sobre la mina y corroboró que ya en una fiscalización anterior, en 1999, se presentaron observaciones sobre las faenas que habían sido respondidas, pero cuya copia nunca llegó a la Dirección Nacional.

Indicó que la reapertura de aquel entonces se hizo a través de una resolución que impuso 15 obligaciones, dentro de las cuales ya se exigía obras en las chimeneas de ventilación y su escaleración como vía auxiliar de escape; que los pilares resistieran las presiones; y la colocación de instrumentos especializados para prevenir derrumbes. “Eso no se hizo. Debió haberse cerrado la mina después de 2004 y se cerró recién en 2007 cuando hubo un accidente”, enfatizó.

Detalló que en el caso de la reapertura, tanto los documentos presentados, que incluían los proyectos exigidos, como el compromiso de Alejandro Bohnm, uno de los propietarios, indicaban que la mina cumplía con las observaciones y que, por tanto, no había contraindicaciones para autorizar las faenas.

Pese a lo anterior, dijo que 30 días después se fiscalizó la mina y se corroboró que no se estaba cumpliendo con las exigencias, por lo cual se dio un plazo de 60 días que permitía concluir con la chimenea y su escaleración.

Recalcó que, mientras las operaciones de la mina estuvieron a cargo de E-Mining Operations, no hubo accidentes en San José, algo muy distinto a lo que aconteció tras su salida, ya que en los últimos seis meses se registraron tres accidentes importantes: uno en febrero, otro en junio y ahora el derrumbe que mantiene atrapado a 33 mineros.

Respecto de las causas de este último acontecimiento, cuestionó que se haya aumentado la producción de 19 mil toneladas por mes, en 2009, a 38 mil toneladas por mes, hasta abril de 2010. Además, estimó que no existe un problema de estallido de roca, porque no existiría la presión necesaria, sino que filtraciones de agua sobre un tipo de molido que facilita el desplazamiento de bloques.

Para los parlamentarios, la información aportada tanto por Santiago Pinilla como por el ex director regional de Atacama, Marcelo Guzmán, resulta ser muy relevante para la investigación, aunque reconocen que entre los distintos involucrados existen varias contradicciones que son preciso aclarar.

Ellos rescataron en forma especial la información entregada por Pinilla en orden a que la mina había aumentado considerablemente su producción, sin cumplir con la exigencia de un nuevo proyecto que avalara las faenas. Junto con ello, calificaron estos antecedentes como muy graves porque podría confirmar que se estaba sobreexplotando y vulnerando las medidas de seguridad.