El fiscal nacional Sabas Chahuán descartó por ahora investigar la presunta responsabilidad penal del Estado en las muertes ocasionadas tras el tsunami del pasado 27 de febrero. En tanto, en el Segundo Juzgado Civil se interpuso la primera demanda por daños ocasionados en edificios por el terremoto.

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Luego de reunirse con el presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, la máxima autoridad del Ministerio Público descartó iniciar acciones penales por las irregularidades a la hora de alertar un tsunami en las costas de las regiones del Maule y Bio-Bío.

El fiscal nacional apuntó que hay versiones contradictorias y que por ahora no hay antecedentes para abrir una investigación de oficio.

Chahuán además informó que se nombrarán fiscales especiales para perseguir los delitos registrados tras el terremoto en la zona declarada como catástrofe. Reconoció que en el caso del edificio Alto Río se indagarán las responsabilidades por cuasi delito de homicidio.

En tanto, el abogado Tomás Fabres interpuso una demanda para indemnizar a la propietaria de un departamento en San Bernardo que resultó con serios daños tras el terremoto. Cecilia Quezada Venegas, habitante de la villa Maestranza Uno, que exige a la constructora Besalco la suma de 7 millones 350 mil pesos.

El abogado que la representa precisó que la demanda es por la responsabilidad de la empresa en la mala edificación del inmueble y por daño moral.

Fabres forma parte de los profesionales que asesoran a los integrantes de la Asociación de Consumidores Inmobiliarios.

La demanda quedó para su tramitación en el segundo juzgado civil de la capital.