Con bombos y platillos fue presentado el 5 de enero pasado el proyecto de ley que busca modificar el artículo 19 de la constitución política para darle reconocimiento al agua como un bien nacional de uso público, y fue enviado por la presidenta Michelle Bachelet al Congreso con suma urgencia.

Luego de las elecciones presidenciales, el Gobierno decidió quitarle dicha facultad y recién en marzo se va a revisar en el parlamento.

La situación, generó las dudas en la oposición. El diputado UDI y miembro de la comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la cámara baja, Gonzalo Arenas, sostuvo que esto comprueba que todo se trató de una jugada electoral de la Concertación.

El parlamentario explicó que de lo contrario no se entiende por qué, si se trató de un proyecto emblemático de la Presidenta de la República, recién después de los comicios decidieron quitarle la urgencia.

Arenas además recordó que este proyecto se trataba de una de las iniciativas de Marco Enríquez Ominami, lo que explicó el porqué de la suma urgencia que se le dio en un principio.

La defensa desde el ejecutivo, en todo caso, no tardó en llegar. El Ministro de Obras Públicas, Sergio Bitar, quien fue uno de los principales impulsores de este proyecto, dijo a Radio Bío Bío que la medida sólo se trató de un acuerdo para revisar más detenidamente el texto legislativo, y así asegurar su aprobación en marzo.

Bitar agregó que vio una buena disposición de parte de los parlamentarios de la comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la cámara de diputados en aprobar la reforma constitucional.

En tanto, Marco Enríquez Ominami, quien salió al ruedo en la polémica, se negó a conversar con Radio Bío-Bío sobre el tema.