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Una veintena de canales por cable que operan en Venezuela deberá someterse a una ley que regula los contenidos y horarios de la televisión, y las obliga a transmitir las cadenas del presidente Hugo Chávez, anunció un funcionario este jueves.

La lista de 24 medios, publicada el jueves en la prensa venezolana, incluye a RCTV, el canal tildado de golpista por el gobierno que debió salir de señal abierta en 2007 después de que no le fuera renovada la frecuencia que concede el Estado.

Los medios deberán someterse a los controles tras una resolución en diciembre que consideraba como canales “nacionales” aquellos que destinarán el 70% de su programación semanal a contenidos producidos en el país.

“Las empresas por cable a contar de este momento están obligados a cumplir la ley de radio y televisión. No hay excusas”, sostuvo en rueda de prensa Diosdado Cabello, director de Conatel, ente regulador de las telecomunicaciones en Venezuela.

Agregó que otros 164 canales que transmiten en Venezuela fueron excluidos de la norma. Los 24 que se sumarán, en tanto, son en su mayoría canales regionales de los distintos estados venezolanos.

“Si un canal es considerado productor nacional, debe cumplir la ley (…) y eso implica que si hay una cadena nacional deben transmitirla”, precisó Cabello, quien además es ministro de Obras Públicas y Vivienda.

La docena de canales de la televisión abierta venezolana ya cumple con la Ley sobre Responsabilidad Social en Radio y Televisión, promulgada en 2004 por el gobierno de Chávez.

La ley introdujo restricciones horarias para la programación y regulaciones para los contenidos sexuales y violentos. También estipula que los medios deben sumarse a las cadenas que emite el gobierno, que son frecuentes.

La oposición venezolana llamó esa nueva legislación como “Ley mordaza” y previó sanciones contra medios y una autocensura para evitar multas o cierres temporales.

Chávez ha mantenido una tensa relación con los medios de comunicación. En julio, 32 emisoras de radio fueron cerradas por el gobierno al considerar que registraban irregularidades en el uso de la licencia concedida por el Estado.