Tras la información entregada en exclusiva por Bío-Bío La Radio, el Ministerio del Interior enviará a la Contraloría General de la República los antecedentes de las 19 organizaciones civiles impugnadas en la designación de los consejeros del Instituto de Derechos Humanos.

Las organizaciones denunciantes insisten en que el subsecretario del Interior, Patricio Rosende, debe asumir su responsabilidad, porque permitió una elección que no cumplía con las exigencias legales que ellos mismos impusieron.

Tras conocer los antecedentes aportados por Radio Bío-Bío, el subsecretario del Interior, Patricio Rosende, descartó tener responsabilidad en la designación irregular del directorio del Instituto de Derechos Humanos, aclarando que la Ley sólo exigía a las organizaciones civiles participantes tener personalidad jurídica.

En el caso de las 19 organizaciones cuestionadas, que finalmente designaron a los 4 consejeros de entre sus propios miembros, Rosende dijo que su constitución y funcionamiento debía ser revisada y certificada por el Secretario Municipal de Puerto Varas.

Casa donde supuestamente funcionan las 19 organizaciones de DD.HH.

Sin perjuicio de lo anterior, Rosende confirmó que el Gobierno envió los antecedentes a la Contraloria General de la República, para que se pronuncie sobre dichas anomalías.

El Subsecretario del Interior explicó además que las organizaciones denunciantes que se restaron del proceso de designación del directorio del Instituto de Derechos Humanos, deben impugnar formalmente la elección de los consejeros.

No obstante, el Ministro Secretario General de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, señaló que –a la luz de los antecedentes aportados por Radio Bío-Bío-, seguramente se celebrará una nueva elección.

Las explicaciones de Rosende y Viera-Gallo no dejaron satisfechos a los representantes de las organizaciones de Derechos Humanos emblemáticas que se restaron del proceso.

Uno de ellos, es el Presidente del Codepu, José Araya quien exigió al gobierno investigar quién está detrás de estas irregularidades.

En tanto, el Co-Director del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, José Aylwin, cuestionó la solución vislumbrada por el Ministro Viera Gallo de realizar una nueva asamblea, ya que teme que en dicha cita se presenten nuevamente las organizaciones denunciadas.

Aylwin también pidió al Subsecretario del Interior asumir su responsabilidad en las designaciones irregulares, ya que ninguno de los consejeros elegidos cumplía con el requisito de ser “personas de reconocida trayectoria en la defensa y promoción de los Derechos Humanos”, exigencia impuesta por el propio gobierno.