El ex dictador argentino Jorge Videla negó haber robado y entregado a terceros a niños hijos de desaparecidos, dijo su abogado este sábado, en el marco de una causa que investiga el origen de los 2 hijos adoptivos de la dueña del multimedios Clarín, Ernestina de Noble.

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“No sé por qué me llaman. Yo no le entregué ningún chico (niño) a nadie”, se limitó a repetir Videla, de 84 años, ante el juez federal Conrado Bergesio a cargo de la causa, contó su defensor, Luis Boffi Carri Pérez.

El ex dictador (1976/1981), detenido en una cárcel en el cuartel militar de Campo de Mayo (periferia noroeste), está encausado por centenares de delitos de lesa humanidad.

Videla fue condenado a cadena perpetua en 1985, luego indultado en 1990, y volvió a ser detenido en 1998 acusado de robo sistemático de bebés en la dictadura (1976/83). El indulto de 1990 fue anulado por la Justicia en 2007.

Unos 500 hijos de desaparecidos, la mayoría nacidos durante el cautiverio de sus madres, fueron robados y apropiados (adopción ilegal) durante la dictadura, según el organismo humanitario que desde 1984 logró restituir la identidad de 98 de ellos.

Videla fue citado el viernes a indagatoria, luego de que el ex empresario periodístico José Pirillo declaró meses atrás que el director de Clarín, Héctor Magnetto, le contó años atrás que había hecho “gestiones personales para que Videla le consiguiera los chicos” a Ernestina de Noble.

La citación de Videla fue criticada por el abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, Alan Iud, quien consideró necesario primero “establecer si Marcela y Felipe (los hijos de Noble) son hijos de desaparecidos”.

Abuelas de Plaza de Mayo espera que el juez les ordene a ambos realizarse un examen de ADN, lo que ellos habían aceptado pero imponiendo condiciones que fueron rechazadas y apeladas por el organismo.

La causa fue abierta hace más de 7 años por dos familias querellantes que sospechan que los dos hijos adoptivos de Noble, hoy adultos, podrían ser hijos de sus familiares desaparecidos.

Días atrás fue sancionada una ley que permite el uso de objetos íntimos para determinar la identidad de las personas que no quieran extraerse sangre.