El Gobierno comenzó a materializar la advertencia que lanzó hace un par de semanas sobre la no entrega de tierras a las comunidades indígenas que se vinculen o cuyos integrantes sean imputados por hechos de violencia en la zona del conflicto mapuche.

De esta forma, la comunidad Juan Catrilaf II no recibirá las 458 hectáreas adquiridas al agricultor Jorge Luchsinger en Padre las Casas debido a que uno de sus miembros, Segio Catrilaf Marilef se encuentra en prisión preventiva por el atentado contra un Tur Bus en el bypass de Temuco ocurrido en junio pasado.

El ministro secretario general de la Presidencia y encargado del tema de las etnias, José Antonio Viera-Gallo, confirmó la noticia y señaló que la compra de los predios se realizará de todas maneras, pero, los territorios quedaran en custodia de la Conadi hasta cuando se resuelva judicialmente el caso.

La drástica medida fue comunicada anticipadamente por el ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, quien reiteró que, si bien las responsabilidades penales son individuales, a juicio del Ejecutivo no se pueden entregar tierras a quienes amparen ilícitos.

Asimismo, el Gobierno lamentó que niños sean utilizados en actos de violencia donde se reivindican las demandas del pueblo mapuche e indico que todos los antecedentes sobre la materia se colocarán a disposición del Ministerio Público.