Una asociación española anunció este jueves que ha presentado una demanda por crímenes contra la humanidad ante la justicia contra 6 dirigentes birmanos, entre ellos el Ministro del Interior y el número 2 del Ejército, por diversos actos cometidos en las últimas décadas.

La Asociación Birmania por la Paz indicó en un comunicado que interpuso una querella por “crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra, crimen de tortura y terrorismo” ante la Audiencia Nacional, principal instancia judicial española.

La demanda es contra 6 miembros de la junta militar birmana, entre ellos el ministro del Interior, Maung Oo, y el número 2 del Ejército del país, el comandante en jefe Maung Aye.

La querella, que está “suscrita por las principales organizaciones mundiales por la democracia y los derechos humanos en Birmania, así como la defensa internacional de Daw Aung San Suu Kyi, según el texto, se presenta por “represión”, “torturas”, masacres”, violencia, desplazamientos y trabajos forzados.

Se trata de “la represión militar de 1988″, “la masacre de Depayin de 2003″, “los crímenes de la revolución azafrán de 2007″, “el bloqueo de ayuda a los damnificados del Ciclón Nargis de 2008 como crimen contra la humanidad”, “la sistemática comisión de la tortura”, “violencia sexual contra las mujeres”, “desplazamientos y trabajos forzados de la población civil” y “reclutamiento forzoso de niños soldado”.

La demanda se ha presentado días antes de que visiten España el 23 y 24 de septiembre “los lideres birmanos que promueven el Plan de la Reconciliación Nacional en Birmania”, entre ellos el ministro de Asuntos Exteriores en el exilio, Bo Hla Tint.

España tiene desde 2005 competencia universal para investigar crímenes contra la humanidad o genocidios cometidos en todo el mundo, lo que recientemente le ha causado problemas diplomáticos con Israel o China.

Diputados españoles se pronunciaron en junio a favor de la limitación de la aplicación de este principio a los casos en los que existan víctimas españolas o cuando los presuntos responsables se encuentren en España.

(AFP).